Comedores bajo la lupa: el Gobierno aprieta el cinturón del control
Desde este lunes, los comedores que forman parte del Programa “Alimentar Comunidad” tendrán que rendir cuentas de manera mucho más estricta. El Ministerio de Capital Humano puso en marcha un nuevo sistema digital bajo la resolución 650/2025 que busca cosas muy concretas: transparentar el uso de los fondos, asegurarse de que lleguen a quien realmente los necesita y evitar cualquier desvío.
Este nuevo Procedimiento de Rendición de Cuentas Específica de Inversiones (RCEI) es, en pocas palabras, una rendición documental obligatoria y 100% digital. Las organizaciones que reciben plata del programa tendrán que subir recibos, facturas y justificaciones en tiempo y forma, todo desde una plataforma oficial. Y si no cumplís, quedás afuera.
La iniciativa no salió de un día para otro. Es el resultado de un trabajo conjunto entre varias áreas técnicas del ministerio conducido por Sandra Pettovello: participó la Dirección de Asistencia Institucional Alimentaria, sumada a Programas Alimentarios, Promoción Humana, y equipos de auditoría y legales.
Un plan con historia y nuevos límites
El programa ‘Alimentar Comunidad’ nació en 2023, cuando todavía llevaba las riendas el Ministerio de Desarrollo Social. Su objetivo era claro: transferencias económicas a espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria a chicos, adolescentes y familias en situación de emergencia social.
Pero todo cambió en marzo de 2025. Con la Resolución 151/25, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se transformó en la nueva autoridad de aplicación. ¿Qué cambió con eso? Muchísimo: el uso del dinero quedó limitado a comercios habilitados y quedó prohibido sacar efectivo o redireccionar plata.
En palabras del Gobierno, la modalidad ahora es: “acreditación mensual de fondos a titulares administradores de medios de pago, limitando los rubros de comercios a los que se puede acceder y sin posibilidad de realizar extracciones en efectivo”. Cortita y al pie.
Un GPS para cada peso
La idea detrás de este nuevo sistema de rendición digital es que cada peso tenga una “dirección rastreable”. ¿Cómo? A través de controles cruzados y verificaciones periódicas. La medida garantiza seguimiento en tiempo real, algo clave en momentos donde la ayuda social está bajo la lupa pública.
Y ojo, porque no es solo cargar papeles. Hay que cumplir con plazos, respetar las normativas, y estar listos para auditorías. Si en algún punto algo no cierra, los fondos podrían congelarse.
Más requisitos, más filtro
El nuevo enfoque vino acompañado de cambios importantes en el acceso al programa. Desde mitad de año, los comedores deben pasar por un relevamiento territorial presencial antes de ser considerados. ¿Qué implica eso? Que un equipo técnico los visite, compruebe que existen y están en funcionamiento, y recién ahí se analiza si califican.
También piden un combo de documentos que no deja lugar a improvisaciones: resolución con personería jurídica, acta constitutiva, estatuto actualizado, constancias oficiales, actas de autoridades, DNI del administrador designado y una declaración jurada donde la entidad asegure que no recibe otros subsidios nacionales con el mismo fin.
Todo esto debe cerrarlo la máxima autoridad institucional con firma incluida. Nada de gestiones a medias.
Lo que se busca: eficacia sin grietas
El mensaje es claro: quieren garantizar que el dinero llegue a quien realmente lo necesita. Y para eso hay que apretar tuercas. Ahora, el foco está puesto en legalidad, regularidad, economía, eficacia y eficiencia. Cinco palabras que, lejos de ser una fórmula vacía, marcan el norte de esta nueva fase del programa.
¿La apuesta? Hacer que el Estado funcione mejor. Que el mecanismo sea ágil pero auditable, transparente pero accesible, y que quien hace bien las cosas pueda continuar dando de comer sin trabas innecesarias. Y quien no, se quede sin el beneficio.
Es una jugada clave para ordenar una parte sensible del gasto público. Y eso, en este momento, no es poca cosa.
